Transformación estilística de una noticia

Por Elisa López, Claudia Rivas y Stephanie Mora

Artículo original, tomado de la Nación, jueves 3 de septiembre de 2009.
Reforma a artículos 75 y 194 de carta magna
Diputados promueven Estado Laico en Costa Rica
-13 legisladores de diversos partidos firmaron proyecto para tramitar variante
-Iglesia Católica dice que iniciativa choca con la “idiosicracia costarricense”

Hoy ingresará a la corriente legislativa un proyecto con el que se pretende eliminar la referencia a Dios en el juramento constitucional, el cual rinden los funcionarios públicos al asumir su cargo.
La iniciativa también plantea el establecimiento de un Estado laico, a través de la supresión de la religión católica como la oficial.
Trece diputados de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Movimiento Libertario firmaron el texto. Este es el primer requisito que debe cumplirse para iniciar el trámite que reformaría los artículos 75 y 194 de la Constitución Política.
La propuesta fue redactada por el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica.
La agrupación se formó el año anterior y está integrada por diferentes instancias sociales como el Movimiento Diversidad, la Agenda Política de Mujeres, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Iglesia Luterana de Costa Rica, entre otras.

Sin religión
Maricel Salas, integrante del Movimiento, manifestó que la eliminación del Estado confesional fortalecerá la democracia.
“Los Estados representan a un cúmulo de personas, no solo a una persona. Ese cúmulo no tiene las mismas creencias”, dijo Salas.
Salas afirmó que el plan no busca “emprender una cruzada contra la Iglesia Católica u otras iglesias”, sino darle un estatus igualitario a todos los ciudadanos y habitantes del país.
El legislador del Frente Amplio, José Merino, alegó que un “Estado democrático moderno” no puede tener una religión, de ahí la justificación del plan legislativo.
Acerca de la proposición de quitar a Dios del juramento constitucional, Merino expresó que “no se debe usar el nombre de Dios en vano”.
“La responsabilidad de las personas que ejercen cargos públicos es jurar ante la Constitución y las leyes, para cumplirlas, que es lo que se puede penalizar.
“Lo otro es un estado de conciencia de cada persona”, agregó el diputado Merino.

Iglesia Católica reacciona.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Hugo Barrantes, fustigó la propuesta.
El prelado afirmó que el proyecto contraviene “la idiosincrasia costarricense” pues la mayoría profesa la religión católica.
También hizo alusión al artículo 75 de la Constitución, que se refiere a la religión católica como la del Estado, pero defiende la libertad religiosa.
Barrantes añadió que los propulsores del proyecto “olvidan el aporte de la Iglesia en la conformación del Estado costarricense”.
“Un Estado laico no necesariamente garantiza un mejor ejercicio de la libertad religiosa pues los estados que han prescindido de Dios son cabalmente quienes resultan ser más autoritarios, como la antigua Unión Soviética, Cuba, y los antiguos países socialistas”, dijo Barrantes a través de un correo electrónico.
El proyecto de ley pasará a ser conocido por una comisión especial legislativa que le dará trámite, según lo establece el artículo 195 de la Constitución Política.

Artículo modificado
Reforma a artículos 75 y 194 de carta magna
Diputados promueven Estado Laico en Costa Rica
-13 legisladores de diversos partidos firmaron proyecto para tramitar variante
-Costa Rica es el único país de Latinoamérica que todavía legisla bajo un estado confesional

Hoy ingresará a la corriente legislativa un proyecto con el que se pretende el establecimiento de un Estado Laico en Costa Rica.
La iniciativa plantea sustituir la referencia a Dios en el juramento constitucional por una referencia a la Patria.
La propuesta fue redactada por el Movimiento por un Estado Laico en Costa Rica.
Trece diputados de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, Frente Amplio y Movimiento Libertario firmaron el texto. Este es el primer requisito que debe cumplirse para iniciar el trámite que reformaría los artículos 75 y 194 de la Constitución Política.
La agrupación se formó desde el año anterior y está integrada por diferentes instancias sociales como el Movimiento Diversidad, la Agenda Política de Mujeres, la Colectiva por el Derecho a Decidir y la Iglesia Luterana de Costa Rica, entre otras.

Igualdad
Maricel Salas, integrante del Movimiento aseguró que el establecimiento de un Estado laico fortalecerá la democracia.
“Los Estados representan a un cúmulo de personas, no solo a una persona. Ese cúmulo no tiene las mismas creencias”, dijo Salas.
Salas afirmó que el plan no busca “emprender una persecución contra la Iglesia Católica u otras iglesias”, sino lograr un estatus igualitario a todos los ciudadanos y habitantes del país.
El legislador del Frente Amplio, José Merino, alegó que un “Estado democrático moderno” no debería legislarse bajo una sola religión, de ahí la justificación del plan legislativo.
Acerca de la proposición usar el nombre de la Patria en el juramento constitucional (en lugar del nombre de Dios), José Merino expresó que "no se debe usar el nombre de Dios en vano"
“La responsabilidad de las personas que ejercen cargos públicos es jurar ante la Constitución y las leyes, para cumplirlas, que es lo que se puede penalizar.
“Lo otro es un estado de conciencia de cada persona”, agregó el diputado Merino.

Iglesia Católica opina
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Hugo Barrantes, comentó su opinión sobre la propuesta.
El prelado opinó que el proyecto contraviene “la idiosincrasia costarricense” pues la mayoría profesa la religión católica.
También hizo alusión al artículo 75 de la Constitución, que se refiere a la religión católica como la del Estado, pero defiende la libertad religiosa.
Barrantes alegó que los propulsores del proyecto “olvidan el aporte de la Iglesia en la conformación del Estado costarricense”.
El proyecto de ley pasará a ser conocido por una comisión especial legislativa que le dará trámite, según lo establece el artículo 195 de la Constitución Política.